Un número mágico para las tarifas

.txt > Martín Burgos

.jpg > Matías Zuccotti

Las tarifas son uno de los cuatro precios claves que define la política económica, junto al tipo de cambio, la tasa de interés y los salarios. Su impacto es múltiple, ya que afecta la distribución del ingreso, la inflación y el gasto público, y por eso siempre es objeto de controversias dentro de la heterodoxia, que se fueron trasladando a las discusiones en el seno del gobierno.

La discusión sobre las tarifas en el seno del Frente de Todos es una discusión con argumentos válidos que, si bien parece haberse agotado en este año electoral, no parece haberse cerrado definitivamente. Lo más rápidamente posible, la coalición gobernante deberá definir pautas distributivas y fiscales para las tarifas que descanse en “números políticos”. Esos números, que en política internacional a veces se llaman los “números mágicos”, institucionalizan acuerdos políticos alrededor de una meta que tiene cierto fundamento técnico pero que descansa sobre un acuerdo político. Estos “números mágicos” son los que permiten que la sociedad (las empresas, organizaciones y los consumidores en este caso) puedan anticipar en sus rubros de gastos el nivel que le deberán dedicar al pago de servicio de luz y gas en el largo plazo. 

Como lo analiza Guillermo Vitelli en su clásico libro 40 años de inflación en Argentina, las tarifas son uno de los cuatro precios claves que define la política económica, junto al tipo de cambio, la tasa de interés y los salarios. Su impacto es múltiple, ya que afecta la distribución del ingreso, la inflación y el gasto público, y por eso siempre es objeto de controversias dentro de la heterodoxia, que se fueron trasladando a las discusiones en el seno del gobierno.

Las tarifas de energía fueron bajando desde su dolarización durante la convertibilidad hasta llegar a sus mínimos en 2015 en un modelo de redistribución del ingreso, reducción de pobreza y crecimiento que tuvo como principal problema la restricción externa, una parte de la cual se explicaba por la importación de energía. Los niveles tarifarios a los que se llegó en 2015 fueron muy bajos en términos históricos, y es probable que también lo sean si lo comparamos en términos internacionales, lo que implica también elevados subsidios tarifarios. 

Al contrario, durante el macrismo las tarifas crecieron merced a una política de “tarifazos” que generó numerosos rechazos. Las empresas industriales fueron las principales afectadas, pero junto a ellos todo el sector de actividades no orientadas a la rentabilidad como los clubes barriales, las escuelas, los hospitales, en un ajuste fiscal que no tenía sentido ya que en paralelo se reducían ingresos y se pagaban fortunas por los intereses de la deuda externa. 

La pronta decadencia del modelo macrista obligó a varias concesiones para tratar revalidar el modelo en la elección presidencial, por lo tanto se congelaron las tarifas en 2019, y a partir de entonces fueron cayendo en términos reales debido a la inflación.

Parece haber consenso en la heterodoxia de que ni los tarifazos del macrismo ni los niveles de tarifas de 2015 son los deseables para la Argentina, sino que entre ambos existe el mejor de los mundos. También existe bastante acuerdo en que la estructura de tarifas de energía requiere una mayor segmentación social para lograr un mejor impacto distributivo, aunque el “cómo” es lo que se está gestionando en los organismos públicos. También hay consenso sobre la segmentación geográfica que es necesaria por la extensión de nuestro territorio, y los debates parlamentarios sobre el Fondo Fiduciario en las zonas frías de nuestro país parece reforzar esa sensación. Se supone que el debate parlamentario debería continuar por la vía de otro esquema similar para el uso de energía eléctrica para las zonas calurosas del norte, donde el uso del aire acondicionado se hace más necesario. Se recuerda que el subsidio cruzado no afecta las cuentas públicas y muy poco las boletas de luz de los usuarios residenciales, ya que 40% del Fondo Fiduciario será financiado por los grandes usuarios de energía (plantas termoeléctricas en primer lugar).  

Pero el verdadero debate de los números mágicos se debe dar en el nivel de subsidio estatal tanto en relación al salario como en relación al gasto público y al PIB. 

El aspecto distributivo es sin dudas el más sensible. Si comparamos las tarifas con el salario medio (el Ripte), el peso del pago de los servicios de luz y gas en 2009 era de 3,5 por ciento del total del salario medio y bajó hasta 1,5 por ciento en 2015. Luego de los tarifazos de Macri, los servicios representaron 4,85 por ciento del Ripte en 2018 y desde entonces fue cayendo hasta llegar al 3,5 por ciento del sueldo de 2021, volviendo de esa manera a nivel de 2009.

Más allá de los debates técnicos, la pandemia empeoró las variables económicas y sociales de tal forma que merece la pena preguntarse si están dadas las condiciones políticas para incrementar las tarifas. Los niveles de pobreza hoy están a niveles del año 2006, y las tarifas están en niveles similares si descontamos la inflación. Un detalle más respecto de la pandemia, es que los usuarios residenciales incrementaron 10% su uso de energía hogareña por la lógica razón que la población estuviera más en su casa debido a las restricciones a la circulación, la masiva difusión del teletrabajo así como las difíciles condiciones del mercado de trabajo en general.

No obstante, más allá de las circunstancias de la pandemia, hay que buscar un número de consenso para los jubilados, los que cobran el salario mínimo, los que cobran el salario medio. Es muy probable que los salarios se incrementen en los próximos años para llegar a niveles promedios que tenían entre 2014 y 2018 en términos reales. Eso implica que las tarifas deberían estar en el futuro en el promedio de esos 4 años, representando 3% del Ripte.  

Esa discusión distributiva debe completarse con la discusión sobre el impacto de las tarifas sobre la inflación: calculamos que el 9 por ciento de incremento anunciado por el gobierno podría sumar 1 punto de inflación para el mes en que se efectivice. Al contrario, la ortodoxia supone que la quita de subsidios reduce el déficit fiscal y por ende reduce la inflación, versión que quedó totalmente desacreditada luego de la experiencia macrista. De hecho, los datos nos muestran que los niveles bajos de subsidios/PIB coincidieron con los mayores índices inflacionarios, que entre 2018 y 2020 estuvieron por encima de 36 por ciento anual.

Esta discusión deja un último debate sobre el déficit fiscal, que el 2020 fue inusitadamente elevado y que este año debería reducirse. La discusión que el equipo económico tiene con el FMI es a qué nivel debería llegar el déficit este año, pero también se debe discutir cómo debe quedar la estructura del gasto, cuánto del presupuesto debe ir a los subsidios energéticos y cuanto al gasto social. Los subsidios energéticos subieron hasta 2,3 puntos del PIB en 2015, bajaron a 1,2 puntos del PIB en 2017 y volvieron a subir en 2020 hasta 1,7 puntos del PIB, tanto por la caída estrepitosa del PIB como por el congelamiento tarifario.

De nuevo aparece el interrogante sobre el “número mágico” de largo plazo que debería plantearse la coalición de gobierno. ¿Es el promedio 2014/2018 de 2 puntos del PIB el nivel de subsidio de largo plazo que podría lograr consensos en el Frente de Todos?Si bien las tarifas no son el mejor instrumento para redistribuir el ingreso, su segmentación es un ideal para que los subsidios lleguen a las personas que más lo necesitan. Así como la moderación parece ser en tiempo de pandemia la mejor de las políticas en relación a las tarifas, también debe ser la política para que los actores económicos puedan planificar de la mejor manera sus inversiones y sus gastos.

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